Una lectura de las narrativas de los programas para agresores 

Existe un universo sumamente heterogéneo y complejo de intervenciones dirigidas a hombres que ejercen o han ejercido violencia de género. Los enfoques, objetivos, resultados esperados, duración que plantean, son muy diversos. A partir de un trabajo recientemente publicado, que se nutre de información brindada por catorce de estos dispositivos, podemos bosquejar algunas áreas de problemas. 

Una de las problemáticas comunes a estos programas es no contar con un financiamiento adecuado, lo que incide, por ejemplo, en la imposibilidad de evaluación de resultados y en la escasez de vacantes. Esto debe solucionarse en forma urgente, siempre cuidando que no se realice a expensas de los recursos dirigidos a mujeres en situación de violencia

Otra cuestión común es la falta de una clara identificación de resultados concretos y medibles. Esto impide que la justicia –principal derivadora– fije expectativas razonables sobre lo que estas intervenciones pueden lograr, y que se establezcan los necesarios sistemas –internos y externos– de seguimiento y evaluación de estos dispositivos. A esto se suma que realizar estas evaluaciones es algo extremadamente complejo en todo el mundo, no solo en nuestro país, y sus resultados no son concluyentes

Esto hace que sea casi imposible contestar con certeza la pregunta más importante que tenemos que hacernos: ¿en qué medida la tarea de los dispositivos contribuye de manera significativa a incrementar la seguridad de las personas afectadas y a prevenir nuevas y más graves agresiones? La Red Europea de Trabajo con Agresores afirma que ese tiene que ser su principal propósito. Este también es uno de los principios propuestos por RETEM y por algunos de los dispositivos consultados. Sin embargo, no forma parte –salvo en un caso– de los objetivos consignados.

Solo uno de los dispositivos menciona como criterio de exclusión durante la intervención que un participante continúe ejerciendo violencia de género. En un estudio europeo de evaluación tomado como referencia, observamos que, frente a la misma situación, un 43,3% de los programas lo expulsa. 

Muchos de los programas manifiestan que hacen valoración de riesgo, pero, casi en ningún caso, explicitan qué es lo que se evalúa –¿riesgo de repetir conductas violentas hacia la denunciante? ¿Hacia nuevas parejas? ¿Riesgo de letalidad?– ni la utilización de instrumentos específicos estandarizados (en general, utilizan el juicio profesional semiestructurado). Tampoco especifican en qué momento del programa se realiza, salvo en algunos casos en que se señala la fase de admisión. 

Cabe advertir que, aunque se ha demostrado que la capacidad predictiva de los instrumentos de evaluación de riesgo es superior a la del juicio clínico, estos no son completamente fiables, sobre todo en los primeros 15 meses desde la denuncia. Por ello deben utilizarse entrecruzadamente con información provista por diversas fuentes, como registros policiales o de otras instituciones intervinientes, teniendo en cuenta que la principal, imprescindible y más fiable fuente de información son las voces de las propias mujeres en situación de violencia. 

Tampoco hay un criterio común frente a la detección de un incremento del riesgo. Algunos se comunican con el organismo derivante –la justicia– o del que dependen –mayormente, los gobiernos locales– pero no se explicita ningún procedimiento protocolizado. En ocasiones, frente a alguna situación de riesgo puntual, como cuando un agresor abandona el programa, se contacta también a la afectada, pero la modalidad utilizada difiere de uno a otro. Una práctica muy positiva, establecida por algunos de los dispositivos, es que este no se realice de forma directa, sino a través de servicios de atención a mujeres en situación de violencia, ya que así se asegura que sean equipos especializados los que lo establezcan y, en muchos casos, ya conocidos. 

El último punto a señalar refiere a las conceptualizaciones sobre violencia de género que atraviesan la operatoria de los dispositivos. Gran parte busca que el agresor reconozca y se responsabilice por la violencia. Esto es crucial, ya que los agresores, en general, utilizan discursos que los exculpan o que, incluso, culpabilizan a las propias afectadas. Esto entra en contradicción con el énfasis que colocan en brindarles herramientas para gestionar el conflicto, mejorar las habilidades comunicacionales, manejar el enojo o las emociones, adquirir una mayor tolerancia a la frustración, controlar los impulsos. Estos planteos encubren el núcleo de la violencia patriarcal al disolver el carácter político de la violencia de género, reforzando un conjunto de creencias que no solo son falsas sino altamente eficaces para sostener el sistema patriarcal. No es falta de diálogo ni un impulso irrefrenable lo que ocasiona la violencia. Es una cuestión de poder. La violencia es un mecanismo de control social de las mujeres –y no solo de ellas– cuya función es reproducir y mantener incólume la dominación masculina. 

A modo de conclusión y con el propósito de aumentar la seguridad, protección y apoyo a las mujeres y otras personas afectadas por la violencia patriarcal, esbozo una propuesta que parte de comprender cabalmente la actuación de estos dispositivos como parte de las políticas públicas de respuesta a la violencia de género. Hoy estas respuestas carecen de la necesaria coordinación. Para mejorar su actuación es imprescindible integrarlos en un sistema del que participen servicios de atención a mujeres en situación de violencia y a la niñez, poderes ejecutivos locales, policía y el sistema de justicia, estableciendo mecanismos claros de coordinación, comunicación y actuación.

Esto conlleva un cambio en el rol de la justicia, que ya no puede simplemente, como frecuentemente ocurre, derivar el caso –sin siquiera conocer en detalle la operatoria de los programas– y recibir al finalizar un informe de presencialidad. La participación directa de juezas y jueces en el monitoreo continuo del cumplimiento de las pautas de conducta puede motivar un cambio positivo en los agresores y da un mensaje contundente de no impunidad. Entre otras prácticas, se recomienda: organizar las audiencias de forma tal que los agresores observen al juez/a interactuando con quienes incumplen; imponer a los dispositivos ciertos requisitos –por ejemplo, de duración– para estar en condiciones de recibir derivaciones de la justicia; desarrollar un formato único de informes periódicos de avance y diseñar políticas específicas para agresores de alto riesgo. 

Despejar los nudos problemáticos planteados no es una tarea aislada de cada uno de los dispositivos destinados a agresores, sino que debe ser parte de una política integral. Es imprescindible que la justicia se involucre con su funcionamiento, en tanto afecta de forma directa su tarea, y que se constituya el sistema coordinado aquí propuesto, para avanzar fuertemente en la prevención secundaria de los femicidios. 

Por Ana Casal
@anacasal_igualdad
Mtr. en Igualdad de Género. Lic. en Psicología
Integrante de la Red de Mujeres para la Justicia