La pata económica de la violencia de género

“Para un hombre es más fácil meterse en una marcha feminista que decirle a un amigo ‘pagá la cuota alimentaria’”. La frase escrita en una pancarta del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, da cuenta de una de las violencias de género más viejas y menos visibles: la violencia económica que muchos hombres separados ejercen sobre la ex mujer y también sobre sus propios hijos e hijas. 

Johanna Karlen dice que además de criar sola tres hijas lucha hace muchos años en la justicia para lograr una “mísera” cuota alimentaria. “No tengo casa propia, me he mudado infinidad de veces no solo por eso sino escapando de un violento. Mi ex además de ser un violento pertenece a las fuerzas policiales. Siempre tuve miedo, me costó mucho salir adelante”. La vida para ella, como para tantas otras, transcurre llena de deudas, colapsada, haciendo malabares.

“La violencia económica es un flagelo que golpea fuertemente a muchas de nosotras. A raíz de esta violencia atravesamos hostigamientos por un sistema que no toma en cuenta las innumerables problemáticas que enfrentamos. Algunos asociados a las barreras en cuanto a la inserción laboral y a raíz de esto acarreamos deudas. ¿Por qué a nosotras se nos puede intimar por parte de financieras cuando somos morosas, bajo amenazas de embargo o paralización de nuestros ingresos? Mientras tanto los progenitores pueden llevar adelante su actividad económica sin sobresaltos porque cuentan con un sistema judicial patriarcal, además de gozar de una vida sin cuestionamientos morales”, planteó. El año pasado, en que las dificultades para las mujeres que crían solas se multiplicaron, Karlen armó, junto con Paola Urquizo, Materfem, una organización feminista abocada a cuestionar y tratar de generar acciones políticas para compatibilizar la maternidad con el desarrollo personal y profesional de mujeres.

“Es terrible lo que pasa, yo cambié como 4 veces de abogado y no logro aun luego de 5 años de lucha que mi ex actualice la cuota, necesitamos ser escuchadxs y q alguien haga algo urgente sobre este tema”, posteó una de sus seguidoras en Instagram.

La situación es vieja, viejísima. El estigma de la madre soltera que pareciera una antigüedad, está más vivo de lo que quisiéramos pensar. Las madres que crían solas, no solo tienen el trabajo de la crianza y de garantizar el día a día de la vida sino que tienen que ser el sostén económico y emocional de sus hijas e hijos. “El caso de M mostró que las mujeres que maternan solas terminan siendo culpadas por el sistema como malas madres por no denunciar”, apuntó Urquizo.

“Los juzgados tienen una visión patriarcal, a veces hay fiscalías que actúan, pero llegamos a jueces machistas que dicen ‘este hombre tiene que vivir de algo’ y ponen una cuota irrisoria y si la mujer lo logra cobrar es suerte. Es como la lógica de ir con la denuncia a pedir a la comisaria la aplicación de la perimetral”, agregó. “Queremos hablar de que el incumplimiento de las cuotas alimentarias es un tipo de violencia y no tiene justificativo. En general los jueces justifican con crisis económicas, falta de empleo y sabemos que en la mayoría de los casos no es así, sabemos que los tipos se insolventan para no cumplir con el deber alimentario”, dijo Urquizo.

En general estos casos se dan en contexto de violencia. Un tipo de violencia que empieza después de la separación. Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD), durante el tercer trimestre del año pasado, la violencia económica patrimonial estuvo presente en el 28% de los casos que se denunciaron, y registró sus frecuencias más altas en vínculos de pareja, 34%. Por otro lado, desde enero de 2020 al 15 de marzo de este año, la oficina atendió 9.304 casos, y la justicia civil dictó medidas de alimentos provisorios para hijas/os en 775 casos (12% del total de actuaciones con seguimiento-6.355-). “Muchas veces la entrega de dinero para la manutención de los hijos se utiliza como elemento de presión para otras cosas. Se observa repetidamente en los relatos de las víctimas que el dinero para mantener a los hijos se da a cambio de mantener relaciones sexuales o de que la mujer haga lo que quiere el agresor”, explicó Analía Monferrer, coordinadora de la OVD.

“El derecho alimentario es un derecho del niño, que la mujer suple, complementa o trata a costa de su salud física y mental de suplir lo que no está haciendo su padre y ningún organismo”, dijo Urquizo. Pero tan difícil es que algunos hombres se hagan cargo de esta obligación que casi todas las provincias del país tienen su registro de deudores morosos que imponen restricciones a quienes no paguen su deuda. Pero eso es para quienes llegaron al poder judicial. En general, los acuerdos suelen ser sui generis, de palabra. “Para que haya incumplimiento de la cuota, tiene que haber una fijación de la cuota por una instancia judicial. La que no recibe los alimentos tiene que avisar”, advirtió Monferrer, y resaltó que la violencia económica también puede ser denunciada.

En la Ciudad de Buenos Aires desde 1999 existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por la Ley 269. Es el primero creado en Argentina, y después se fueron desarrollando en casi todas las provincias. Los registros buscan coaccionar a los deudores imponiéndoles restricciones. El registro de la Ciudad lleva un listado de quienes adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme y expide certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada en forma gratuita.

Las limitaciones que impone son que los deudores: no podrán abrir cuentas corrientes, obtener tarjetas de crédito, recibir habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni ser designados como funcionarios jerárquicos quienes se encuentren incluidos en el Registro. Tampoco podrán sacar o renovar el registro de conducir ni podrán ser proveedores de todos los organismos de la Ciudad. No pueden calificar para postularse a cargos electivos de la Ciudad o para desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. Además, el Banco de la Ciudad no podrá otorgar o renovar créditos sin pedir el certificado del Registro y, en el caso de que el peticionante estuviera anotado, la entidad deberá retener el importe de los alimentos adeudados y depositarlos judicialmente.

Este año el Registro inscribió 29 personas en los dos primeros meses del año 2021. Mientras que emitió 18.375 certificados a pedido de personas (17.500) y de empresas (875 certificados).

Desde su creación hasta febrero de 2021 hubo 6.485 personas inscriptas; 6.429 son hombres (99%) y 56 son mujeres. En relación a la profesión u oficio de los inscriptos, las más significativas son: 33% empleado, 26% comerciante, 11% chofer, 6% empresario, 5% Abogado o médico y 4% técnico o contador público.

Desde el ASPO decretado por el Estado nacional en marzo de 2020 las consultas recibidas en los Programas de Patrocinio Jurídico Gratuito que funcionan en la órbita del Consejo de DDHH de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad fueron casi en un 90 por ciento relacionadas con la solicitud de alimentos, debido a que las mujeres no podían realizar su trabajo informal habitual o porque los padres habían dejado de pagar las cuotas fijadas, amparados en la falta de ingresos. Asimismo, se ha tenido que habilitar feria en muchos expedientes de las consultantes quienes, en virtud del ASPO, tuvieron una merma muy importante en sus ingresos pues participan de la economía informal, lo que se sumó al incumplimiento del deber alimentario de los padres de sus hijes. Muchos de ellos se han amparado en el ASPO y en la baja de la actividad económica para no pasar la cuota alimentaria pactada en el acuerdo de mediación.

 

Por Sonia Santoro
@sonialsantoro
Lic. en Comunicación, periodista
Coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires