Abordajes integrales en violencia masculina | #3

"Puntos de intervención relevantes en contexto de pandemia"

Rutas iniciales

Intentaré plantear un breve recorrido en relación con la atención de varones que ejercen violencia contra las mujeres en nuestro país. Hace unos 20 años atrás, la temática de violencia masculina era objeto de discusiones primarias: ¿hay que trabajar con los varones que ejercen violencia?, ¿hay que destinar recursos al trabajo con esta población dado que las víctimas son las mujeres? Los debates en torno a “qué hacer” con los hombres que ejercen violencia de género superaron las preguntas iniciales y comenzaron a tensionar el carácter de los espacios de asistencia. Así comenzaron a propagarse equipos dedicados al abordaje de la violencia masculina, en general como iniciativa de organizaciones no gubernamentales. Las escasas respuestas gubernamentales constituían verdaderos espacios de resistencia contrahegemónica que dejaban en absoluta soledad a quienes sostenían el trabajo directo con los varones. En 2011 el Lic. Payarola creó la Red de equipos de trabajo y estudio en masculinidades – RETEM – justamente trazando un nuevo camino que habilitaba construcciones colectivas. Desde allí se realizaron múltiples capacitaciones en el territorio nacional, promoviendo la creación de equipos con formación ecológica, integrativa y feminista. Costaba mucho trabajo acceder a instancias de promoción de equipos desde el Estado. Se formularon propuestas, se firmaron proyectos de capacitación, se realizaron algunos de ellos. RETEM construyó relevancia interinstitucional para la promoción de espacios especializados en el abordaje de la violencia masculina. Llevó su modelo de trabajo, con principios comunes a los distintos equipos que integran la red, pero con modalidades heterogéneas y compatibles, al Congreso Internacional sobre violencia masculina desarrollado en México en 2018. Los resultados de esa participación aún nos resuenan de manera muy satisfactoria: la construcción colectiva nos brindaba un soporte, no sólo teórico y procedimental, sino profundamente político. Tomando como referencia ese momento, noviembre de 2018, podemos afirmar que la proliferación de espacios dedicados al abordaje de la violencia masculina se ha multiplicado exponencialmente, como también los espacios de capacitación específica. Puntos habituales y coyunturales de intervención El trabajo con varones que ejercen violencia se inicia por distintas vías de acceso. La obligatoriedad de tratamiento, en esta particular problemática – natural e invisible – marca la diferencia entre la oportunidad del cambio de conducta en los varones y, por consecuencia, la consolidación del derecho de las mujeres a no ser maltratadas. Al contacto inicial con los varones siguen una serie de entrevistas de admisión a los programas de abordaje, en donde la centralidad de la intervención se dirige a la construcción de la demanda de asistencia. Son varones que cuando reconocen su conducta, no lo hacen en forma total ni permanente: minimizan, tergiversan, justifican y realizan muchas otras acciones de desresponsabilización. Una vez definido el proceso de admisión, los resultados pueden ser: inclusión a un dispositivo grupal; admisión condicional, para aquellos varones sobre los cuales no se tiene certeza respecto a la construcción de la demanda de asistencia, en contexto de perfiles con alto grado de manipulación; inadmisión, para aquellos varones con un perfil predominantemente psicopáticos (Ver perfiles en Dutton & Golant, 1977), que son los que no solo no reconocen su accionar, sino que invierten totalmente el peso de la “culpa” hacia sus víctimas. De nuevo, allí impera la protección efectiva urgente. La intervención en grupos es significativamente más efectiva ya que habilita la puesta en tensión de ideas y prácticas profundamente naturalizadas por la sociedad, y llevadas al acto por los varones que integran esos grupos, de manera singular. Esa intersección entre lo social – singular es un punto de intervención prioritario. Los resultados en sentido de transformación de conductas violentas en conductas no violentas, sino asertivas y respetuosas de los derechos de las mujeres, requieren de un tiempo mínimo de año y medio a dos de concurrencia continua a los grupos. Mientras eso ocurre, la prioridad debe estar ubicada en la protección de las víctimas.

El contexto de pandemia por COVID-19

El actual contexto, de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el ejecutivo nacional a raíz de la emergencia de la pandemia COVID 19, presenta algunas características respecto a las interacciones personales y sociales que complejizan la situación de las mujeres. Algunas podrían ser consideradas evidentes: la soledad de las víctimas en el ámbito doméstico; la ausencia de contacto externo; la dependencia de medios virtuales para toda comunicación (en general, en casos de violencia el control de las comunicaciones es muy alto); la obligación de permanecer adentro de las viviendas con dos riesgos inminentes: afuera, el contagio, la enfermedad y eventual muerte; adentro, los distintos niveles de sometimiento, y el ejercicio de acomodación de las mujeres para no “provocar” situaciones de explosión violenta; si hay niñxs, la ausencia de otras miradas que en contexto habitual pueden observar, por ejemplo, ante la concurrencia escolar. Pero hay un factor que trasciende las situaciones familiares singulares, que es la construcción de urgencias, totalmente desvinculadas de la urgencia que la sociedad en conjunto venia visibilizando: los femicidios, y las violencias cotidianas contra las mujeres e identidades feminizadas. Lo “urgente” de la pandemia cambia el foco de atención, y en el cotidiano social se habla sobre cantidad de infectadxs, cantidad de recuperadxs, y cantidad de muertxs. Aquí y en el mundo. Las aplicaciones no dicen los números precisos en tiempo real. Dejamos de hablar de aquello que no perdió, por invisibilizado, su carácter dramático, que es el infierno cotidiano de las víctimas. Y aquí entonces es necesario no perder de vista un registro esencial. Son las víctimas las que transitan ese infierno. Quienes ejercen violencia transitan su ejercicio, que claramente puede ser invivible, pero tienen la prerrogativa y la potestad para su ejercicio. Desde los equipos que conformamos la Red RETEM tenemos algunas coincidencias que responden de alguna manera a la actual coyuntura:
• Algunos dispositivos grupales de varones continúan su trabajo desde medios virtuales, cuando el equipo considera que están dadas las condiciones de seguridad para que los mismos tengan lugar.
• Los varones que por distintas razones no pueden acceder a medios virtuales estables, que permitan un tiempo de conexión en el intercambio grupal, son asistidos de manera individual y telefónica, con el encuadre dispuesto por cada equipo de trabajo.
• No realizamos admisiones a dispositivos grupales sin entrevistas presenciales de admisión. Consecuencia: los varones denunciados esperan a que termine el ASPO para ser evaluados por los equipos y mientras tanto no debieran cambiar las condiciones respecto a las medidas cautelares dispuestas, aunque permanezcamos en aislamiento varios meses más.
• No realizamos intervenciones telefónicas de contención de varones que aún no están en dispositivos grupales; de nuevo, la prioridad ante la emergencia por violencia de género, es la protección judicial de las víctimas. Creemos necesario generar el alerta respecto de estos riesgos, que se traducen en el empeoramiento de las condiciones de vida y de supervivencia de las mujeres que se encuentran en situación de violencia de género. Que no consumamos distractores sociales, sino que podamos seguir construyendo despertadores sociales, enfocándonos en lo que urge, que es detener la violencia contra las mujeres. La pandemia requiere de fases diferentes para su abordaje, la fase de contención es altamente determinante en los resultados subsiguientes. Los femicidios no son una pandemia porque no se referencian a una enfermedad o noxa que los provoca; lo comparable es la magnitud del daño. Las mujeres necesitan, con urgencia, políticas públicas que se orienten a la contención estricta de las violencias basadas en la discriminación de género, medidas de visibilización continuas, y principalmente, recursos integrales para que los equipos de trabajo tengan oportunidad de contribuir a lo que la Ley 26.485 promueve: la prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer.

Por Liliana Carrasco | Liliana en Trabajo Social | Especialización en Violencia Familiar